¿Roma locuta, causa finita? Sobre cláusulas suelo y la gran esperanza europea

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He leido en un tuit algo así como que ésta parece una época en la que los economistas (o más bien, las consideraciones económicas) parecen estar en el fundamento de las decisiones jurídicas y de los cambios legislativos.

Venía a cuento de la noticia de ayer acerca de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que no considera contrario al ordenamiento europeo la limitación de los efectos de la declaración de la nulidad de las cláusulas suelo que el Tribunal Supremo español realizó en su sentencia de 9 de mayo de 2013.

El Abogado General determina que la sanción aplicable por el carácter abusivo de una cláusula corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro.

En el nuestro, el Tribunal Supremo había hablado en sus sentencias de 9 de mayo de 2013, 25 de marzo de 2015 y  29 de abril de 2015.

Ayer  y hoy he tenido la ocasión de leer numerosos comentarios de compañeros en diversas redes sociales y algún escrito más extenso en forma de entrada en algún blog.

Mi impresión es que se crearon (o nos creamos) demasiadas expectativas y que, aunque las dudas jurídicas han sido lo suficientemente importantes y fundadas (por parte de los jueces y tribunales que acudieron precisamente a la cuestión prejudicial ante el TJUE y aquellos otros que en actos de “rebeldía” dictaminaron la retroactividad de la cláusula en sentencias de instancia), se nos han hurtado argumentos en el debate.

El clamor de afectados, asociaciones de defensa de los consumidores, jueces,  prensa, internet, etc, ha sido como una gran ola en la que se confundian argumentos jurídicos, políticos y las esperanzas de nuestros clientes y las propias de los abogados que defendían a estos.

A este respecto siempre me llamó la atención que el informe de los funcionarios de la Comisión europea que alimentó en gran parte este movimiento y que nos llegó a todos a través de una filtración (entiendo que de la parte promotora del asunto, que es quien tuvo acceso al mismo) en el diario EL PAIS (el resto de enlaces que conozco al mismo siempre son repeticiones o copias del mismo informe), era un informe que omitía casi la totalidad de las observaciones que hacía el Reino de España (en concreto, llegaba solamente a la página 3 de las mismas, cuando del índice se desprendía que en la página 29 del mismo comenzaba la contestación a las cuestiones prejudiciales). También faltaban en el mismo documento escaneado y que puede localizarse facilmente por internet, las observaciones de Cajasur banco.

De hecho, el Abogado General en el párrafo 69 de sus conclusiones se remite a ellas : ” resulta de los autos, y en particular de las observaciones escritas del Gobierno español, que el Tribunal Supremo no reserva la posibilidad de limitar los efectos en el tiempo de sus sentencias a los litigios en los que resulta aplicable el Derecho de la Unión y que ya ha recurrido a esa posibilidad en controversias puramente internas” ( a los efectos de comprobar el respeto del principio de equivalencia entre regulación nacional y el Derecho de la Unión).

Se nos han hurtado pues argumentos para el debate, no sé si por ignorancia, mala fe o para generar presión mediática pero que, desde un punto de vista del análisis jurídico, impedía en mi opinión aventurar un resultado.

Por otro lado , me llama la atención que la discusión se centre en el art. 1303 del CC, en ámbito del Derecho de la Unión. Al respecto, ya ha sido el Tribunal Supremo, con mayor o menor fortuna, acierto, justificación o lo que ustedes quieran (me reservo la opinión), quien ha hablado.

El Abogado General en este caso delimita el análisis y nos recuerda que “El Tribunal de Justicia no ha hecho mayores precisiones en cuanto al modo en que los ordenamientos jurídicos nacionales deban configurar la falta de fuerza vinculante….Resulta, pues, lógico que, en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia parezca haber contemplado la nulidad de las cláusulas abusivas no como la única vía para dar respuesta a la exigencia establecida en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sino como una posibilidad entre otras” (párrafo 61 del escrito citado)

Y más adelante , en el 68 ” Dado que el Derecho de la Unión no armoniza ni las sanciones aplicables en el supuesto del reconocimiento del carácter abusivo de una cláusula ni las condiciones en las que un órgano jurisdiccional supremo decide limitar los efectos de sus sentencias, la presente situación queda regida por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal”.

Es decir, estamos haciendo previsiones en base a una interpretación de la regulación de la nulidad en nuestro Código Civil, pidiendo que el TJUE enmiende a nuestro Tribunal Supremo, cuando el europeo se basa y actúa en otros parámetros distintos, que contemplan una pluralidad de tradiciones jurídicas existentes, y cuya actividad habrá de referirse unicamente a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la solución dada por nuestro Tribunal Supremo.

Si éste se equivocó a partir de  Mayo de 2013 o sucumbió a la presión del lobby bancario (en terminología que se encuentra bastante extendida entre los comentarios de hoy en las redes sociales) no entraré, pues el objetivo de este comentario no es ése, pero “Roma locuta, causa finita”. O casi. Veremos en unos meses si el Tribunal se aparta o no de la propuesta del Abogado General.